8 años después

Nuevamente, nos encontramos en la calle.
Para quienes se acercan por primera vez, queremos contarles que un día como hoy, pero hace ocho años, Florencia Pennacchi fue secuestrada en Buenos Aires. Florencia es neuquina y en ese momento estaba estudiando Economía allì. Su causa está en manos del fiscal Marcelo Retes, de la fiscalía Nº 23 de Capital Federal, quien no ha hecho ningún avance para acercarse a la verdad de los hechos; después de los peritajes iniciales, la causa quedó paralizada. Desde su secuestro, dos mujeres aseguran haberla visto, ambas jóvenes son víctimas recuperadas de redes de trata. En 2010, cruzando información periodística, descubrimos que al menos uno de los policías que intervino en la causa de Florencia está involucrado en redes de trata de Buenos Aires y ha sido separado de su cargo por tal causa. Sin embargo, hoy, a ocho años de su desaparición y habiendo todas estas pistas, la Justicia no tiene nada para decir sobre la causa de Florencia. Pero nosotras insistimos, Florencia ha sido secuestrada por una red de trata. Florencia es parte de las cientos de mujeres que las redes de trata con fines de explotación sexual captan por año y la justicia argentina no la busca.
Según el último informe de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), no existe ningún sistema de información que pueda dar cuenta del total de causas existentes en el país por trata de personas con fines de explotación sexual. No sabemos cuántas, pero sabemos quiénes son. Son mujeres como Florencia, que tienen amigas y familia; que trabajan y estudian… La mayoría de ellas (el 70%) son mayores de edad, provienen de ciudades pequeñas, que no superan los 70.000 habitantes, y pertenecen a los sectores empobrecidos de nuestra sociedad. Algunas fueron secuestradas en lugares públicos, como Florencia o Marita Verón, pero la mayoría fue engañada: les prometieron amor o un trabajo para poder explotarlas.
Las redes de trata sólo pueden combatirse si se reconoce las condiciones en las que operan. Operan en un sistema desigual, el capitalismo heteropatriarcal; un sistema que somete a las mujeres, que son el 80% de la población pobre del mundo; un sistema que vulnera sus derechos. En un país como el nuestro, con una legislación hipócrita que no reconoce el trabajo sexual, son las mujeres que integran ese 80% a las que les prometen un trabajo que deviene en explotación. A ellas es a quienes engañan en relación con las condiciones en las que se ejercerá la actividad prometida (informe UFASE). Es decir, muchas acceden a una propuesta de trabajo sexual , pero bajo condiciones distintas a las que finalmente se ven sometidas. Es también a ellas a quienes los proxenetas engañan con falsas situaciones amorosas y luego acuerdan con los regentes de prostíbulos un porcentaje de su explotación (informe OIM).
Políticas públicas como las que se vienen llevando a cabo en nuestro país, de cierres abruptos de prostíbulos y casas de citas, incluso cuando éstas son autogetionadas por trabajadoras sexuales, facilitan las condiciones de maniobra para la explotación sexual y la trata de mujeres, al tiempo que otorgan más poder a las fuerzas represivas corruptas que se benefician en la clandestinidad. Por lo tanto, estás medidas no solamente no combaten la trata sino que además implican condiciones laborales cada vez más peligrosas para las trabajadoras sexuales, ya que no gozan de ninguno de sus derechos laborales y padecen peores niveles de marginalidad, estigmatización y precarización. Ponemos énfasis en este punto dado que las recientes políticas públicas, en consonancia con los postulados del feminismo abolicionista, insisten en emparentar la lucha contra la trata con la lucha contra la prostitución, lo cual -además- tiene consecuencias evidentemente negativas para la propia lucha contra la trata. En Argentina, las trabajadoras sexuales organizadas vienen advirtiéndonos sobre esto desde hace tiempo, pero sus voces son sistemáticamente desoídas, sus aportes son ninguneados y sus reclamos y necesidades están invisibilizados. Creemos que la clave para encaminar la lucha contra la trata está en el reconocimiento del trabajo sexual, en una alianza política y sorórica con estas mujeres que tantos derechos tienen para recuperar y tantos saberes tienen para aportar.
Revisando las experiencias jurídicas contra la trata en otros países del mundo, rápidamente, se pueden encontrar datos sobre experiencias semejantes a la de nuestro país que tampoco han dado buenos resultados. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un tipo de legislación similar a la nuestra, en la que la prostitución está criminalizada y ello no ha impedido ni esta actividad ni el avance de la trata. En Suecia, desde 1999, se penaliza a todos los agentes de la prostitución, sean trabajadoras sexuales, proxenetas o clientes. Esta legislación ha profundizado los niveles de clandestinidad, terreno fértil para el desarrollo de la trata. A su vez, al criminalizar a los clientes, se generan nuevas formas de ofrecer y de comprar servicios sexuales, y se empuja la actividad a ámbitos de mayor vulnerabilidad y desprotección. En Europa, las políticas anti trata están estrechamente ligadas a las políticas de seguridad y control de inmigración, no a la protección de los derechos humanos. Así, por ejemplo, en España, el estado supone que el 95% de las trabajadoras sexuales son migrantes que están obligadas a ejercer la prostitución y por lo tanto, son víctimas de trata sexual#.
En Argentina, las últimas legislaciones parecen llevarnos a un sistema de prohibición semejante a estos, de hecho, en Córdoba, en pleno apogeo de la demagogia gubernamental supuestamente anti trata, se les ofreció plata y pasajes a las trabajadoras sexuales de los prostíbulos allanados para deportarlas a sus provincias, ciudades o países. Al mismo tiempo, la prensa que da cuenta de estos allanamientos, las presenta como víctimas rescatadas, cuando en realidad están siendo demoradas y/o detenidas por estar ejerciendo el trabajo sexual. Nos presentan como víctimas rescatadas de las redes a mujeres que están trabajando y a las que se les niega voz.
La misma justicia que absolvió a todos los acusados de secuestrar a Marita Verón, que no tiene mecanismos eficientes de acción ante la desaparición de una persona, que no tiene estructura para reaccionar –tal y como lo requiere una situación de trata-, que no tiene un organismo nacional que coordine y lleve un registro de las personas desaparecidas, que no destina fondos ni políticas para la protección de las víctimas, que puede tener una causa como la de Florencia ocho años dormida en los escritorios de una fiscalía, sigue siendo una justicia absolutamente sexista en sus prácticas y prioridades.
La trata de mujeres es una manifestación de violencia entre otras a las que nos vemos sometidas las mujeres. La mayoría de las políticas públicas destinadas a prevenir o erradicar esas violencias son de carácter netamente demagógico, en los hechos concretos, el Estado no destina ni presupuesto ni estructura para materializarlas. Tenemos una ley integral de violencia que no se ejecuta. Tenemos un fallo de exhortación de la Corte Suprema para la atención de abortos no punibles que al menos 10 provincias no acataron y/o ponen límites o trabas. Tenemos una modificatoria a la ley de trata que no está reglamentada, que es letra muerta.

La lucha contra la trata debe contemplar políticas estructurales de acceso a derechos económicos y sociales que vayan reduciendo los factores de vulnerabilidad de las mujeres. Difícilmente ocurra eso en nuestro país. Porque vivimos en un estado terrorista sexual que pone a disposición sus estructuras para restringir el acceso de las mujeres a sus derechos, o ni siquiera reconocerlos, como el derecho a decidir interrumpir embarazos no deseados. Porque vivimos en un país que se supone laico e independiente de la iglesia pero sigue sujeto a sus dogmas, empujando a la clandestinidad a quienes deciden sobre sus propios cuerpos. Porque vivimos en un país en el que se profundiza el modelo de saqueo y extractivistivismo que agudiza las desigualdades. En definitiva, un país cuyo gobierno se vanagloria con la ampliación de derechos a los que luego va a ser imposible acceder, no es un país de derechos humanos.

¿DONDE ESTÁN LAS DESAPARECIDAS?

Florencia-Penacchi

APARICIÓN CON VIDA DE

FLORENCIA PENNACCHI

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Una respuesta a 8 años después

  1. Silvio Marcelo Santo dijo:

    En la zona oeste de San Miguel , Jose C Paz y Malvinas Argentinas ,hay un individuo que se mueve en una camioneta roja ,marca chevrolet , de los años 70 , esta persona se llama LEOPOLDO RAUL SALAS y se dedica a secuestrar mujeres mayores y menores para entregarlas en un famoso prostibulo de la zona , que se encuentra en la ruta 197 y se llama “SILVER”. Alli las drogan y las golpean para luego someterlas a prostituirse. Este señor , LEOPOLDO RAUL SALAS , trabaja para el intendente de malvinas argentinas , el señor JESUS CARIGLINO , actuando con la inpunidad que le da ser ladero de el señor cariglino. Se lo suele ver por las zonas antes mencionadas en su camioneta ,con la cual hace publicidad para las campañas politicas , y dice tener una empresa de publicidad llamada “MASTER PUBLICIDAD” ,ojala esto llege a quien corresponda

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